La actividad se realizó en el marco del Día Internacional contra la Corrupción como parte de la Semana de la Integridad promovida por la Alianza Anticorrupción Chile y convocó a representantes del sector público, privado, de la sociedad civil y la academia para analizar los avances, experiencias institucionales y los desafíos en materia de transparencia y probidad.
En el contexto de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra cada 9 de diciembre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y como parte de las actividades de la Semana de la Integridad desarrollada por la Alianza Anticorrupción Chile, se realizó el Conversatorio sobre Beneficiarios Finales y Corrupción.
La actividad contó con las palabras de apertura del ministro consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Lamoliatte Vargas, y de la presidenta de la Alianza Anticorrupción Chile y directora de ChileCompra, Verónica Valle Saráh.
En su intervención, Verónica Valle destacó la relevancia de avanzar en el proyecto de ley que crea un registro de beneficiarios finales, el cual, alineado con las recomendaciones internacionales de organismos como la OCDE y Naciones Unidas, busca fortalecer la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal. Asimismo, relevó la experiencia de ChileCompra en el marco de la reforma a la ley de compras públicas, donde se ha avanzado de manera concreta en la identificación de los beneficiarios finales de las empresas que operan en la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl.
“A la fecha, hemos identificado a más de 196 mil beneficiarios finales en el primer nivel de la malla societaria, vinculados a más de un millón de procedimientos de compra por alrededor de 13.000 millones de dólares, avance que ha sido reconocido internacionalmente por organismos como Open Ownership, el Banco Mundial, el FMI y el BID”, señaló la directora de ChileCompra y presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile.
Posteriormente, se desarrolló un panel expositivo que contó con la participación de Omar Estrada, jefe del Área de Implementación de Normas del Departamento de Diseño de Procedimientos de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, quien abordó los alcances del proyecto de Ley de Beneficiarios Finales, subrayando que su efectividad depende de la veracidad de los datos, lo que requiere un sistema de control en tres niveles: validaciones de entrada mediante formularios estandarizados; controles internos basados en riesgo, con foco en estructuras complejas y detección de anomalías; y verificación cruzada a través de cruces automatizados con otras bases de datos del Estado, como identidad, activos y declaraciones tributarias.
Por su parte, Aníbal Martínez, coordinador de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), expuso sobre las implicancias del beneficiario final y la transparencia de las personas jurídicas, entre estas, las recomendaciones enunciadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo intergubernamental que reúne a países de la región con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, el que indica que los países deben evaluar los riesgos de uso indebido de las personas jurídicas y de otras estructuras jurídicas para evitar la concurrencia de este tipo de delitos.
Desde ChileCompra, Daniela Véliz, abogada del Departamento de Fiscalía de ChileCompra, profundizó en la implementación de la reforma a la ley de compras públicas y las nuevas exigencias en materia de probidad y transparencia, entre ellas la declaración de beneficiarios finales por parte de las empresas proveedoras que incluye información sobre administradores y vínculos con otras empresas. A través de esta información se busca detectar los posibles conflictos de interés en compras públicas, cumpliendo, asimismo con acciones comprometidas en la Estrategia de Integridad Pública, mediante la integración e interoperabilidad de datos de distintos servicios públicos, que permiten levantar alertas, dar seguimiento y facilitar la resolución oportuna de conflictos de interés de quienes participan de procesos de compra que tienen lugar en la plataforma de Mercado Público.
Finalmente, y a partir de los contenidos presentados, se desarrolló un conversatorio moderado por María Jesús Rojas, abogada asesora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Este espacio permitió reflexionar sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en Chile, destacando el uso de la información de beneficiarios finales y el seguimiento que ha realizado el Grupo 4 de Capítulos Pendientes e Iniciativas Legislativas de la Alianza Anticorrupción para relevar la importancia de esta herramienta en el combate contra la corrupción.
